“Maltrato físico y psicológico” a migrantes e insultos a quienes se acercan al campamento tinerfeño de Las Raíces

El hartazgo en el campamento para migrantes de Las Raíces, en Tenerife, no cesa. Las largas colas para comer, la calidad de la comida, el agua fría de las duchas y la falta de soluciones inmediatas para las más de 1.600 personas que allí conviven desde hace más de un mes alimentan el ambiente de tensión. En la noche de este martes tuvo lugar el último conflicto, que acabó con un migrante evacuado en ambulancia por haber perdido la conciencia y otro usuario que tuvo que recibir atención médica por dolor en un brazo. Después del episodio, la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes en Tenerife ha denunciado agresiones por parte de los vigilantes de seguridad del campamento y “maltrato físico y psicológico” a los usuarios.

La noche transcurría con normalidad fuera del recurso de acogida gestionado por Accem este martes. Algunos migrantes aprovechaban para cenar en el campamento instalado en el exterior en forma de protesta y agradecían a los vecinos y vecinas de la isla la comida caliente que les habían llevado. De pronto, unos gritos desde el interior de Las Raíces pusieron alerta a todas las personas que rodeaban el centro. Muchas corrieron hacia la entrada para saber qué pasaba, pero en apenas quince segundos los guardias de seguridad cerraron el portón de acceso.

Por una rendija, un miembro de la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes en Tenerife intentaba grabar lo que ocurría en el interior. “¿Por qué no vas a grabar a otro lado? Oso panda de mierda, subnormal, payaso, pedazo gordo de mierda, qué ganas de darte una galleta”, le espetaron dos guardias de la empresa Segurmaxim, contratada para la seguridad de la instalación. “Si eso se lo dicen a una compañera de la Asamblea, ¿qué harán con los migrantes a puerta cerrada?”, cuestionó el colectivo.

Pocos minutos después, dos furgones de la Policía Nacional entraron en el recurso. También lo hizo una ambulancia, que evacuó a un joven marroquí que permanecía inconsciente. Tras el conflicto también salió del campamento un joven subsahariano acompañado por un trabajador de Accem, que requirió asistencia médica por dolor en un brazo. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias del 1-1-2, preguntado por este periódico sobre el estado de salud de los migrantes, ha explicado que toda la información relacionada con lo que ocurra en los campamentos debe ofrecerla la Delegación del Gobierno en Canarias, que no ha respondido.

La Asamblea critica que la “nefasta” gestión de este centro está vulnerando la salud de las personas acogidas y exige su cierre definitivo. Accem ya reconoció que la calidad de la comida era “inadecuada” y que el servicio de reparto en el desayuno, el almuerzo y la cena era lento. Además, insistió en que este era uno de los principales motivos de los conflictos que se viven en el interior del recurso, así como el agua fría de las duchas. Según la ONG, el campamento espera la llegada de una caldera desde la Península.

De esta situación han salido ya al menos cincuenta personas, que fueron derivadas la semana pasada a otras Comunidades Autónomas como Murcia o Castilla y León, al ser solicitantes de protección internacional.

Posibles menores entre las carpas de Las Raíces

Los activistas también han pedido que se analice la presencia de posibles menores dentro del campamento para adultos y su derivación a otros centros. El pasado 25 de febrero, cuatro menores que iban a ser reubicados en Las Raíces desde un complejo turístico probaron con documentación ante la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife su minoría de edad, y fueron reubicados en un centro para menores extranjeros no acompañados.

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, que tiene la competencia sobre los menores extranjeros no acompañados, respondió a preguntas de este periódico que, para evitar la presencia de niños en este tipo de recursos de acogida, el Ejecutivo regional exigiría la mejor filiación de los migrantes a pie de puerto. Una de las herramientas que propone el Gobierno autonómico es la presencia de organizaciones no gubernamentales especialistas en protección a la infancia durante la reseña policial.